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Los consejos de la semana

Fiscal

Retribuciones percibidas por socios profesionales de sociedades

Con efectos desde el 01-01-2015, en el caso de socios de entidades que realicen actividades profesionales, los rendimientos en el IRPF se calificarán como procedentes de una actividad profesional si el socio está incluido en el rágimen especial de trabajadores autónomos (RETA) o en una mutualidad de previsión social que actÚe como alternativa al citado rágimen especial.

Con relación a la modificación del art[0xed]culo 27.1 de la Ley 35/2006 del IRPF (LIRPF) por el apartado diecisáis del art[0xed]culo primero de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la LIRPF, y con efectos desde el 1 enero 2015, se ha introducido un requisito especial para calificar como rendimientos de actividades económicas las rentas percibidas por los socios de sociedades como consecuencia de la realización, por parte de aquellos, de actividades profesionales de las contempladas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.

A ra[0xed]z de esta modificación, surgen muchas dudas que pedimos nos aclaren. En concreto, cuando estos rendimientos correspondan a la retribución del administrador, segÚn figure en los estatutos de la sociedad, ¿serán rendimientos del trabajo con el tipo de retención del administrador o tambián se considerarán rendimientos de actividad empresarial?

Quá prevalecerá, ¿el rágimen fiscal o el mercantil? o sea, un administrador de una sociedad profesional que cotiza por el RETA, que cobra la totalidad de sus rendimientos como sueldo de administrador de esta sociedad (tal como marca los estatutos): ¿deberá hacer facturas a la sociedad segÚn marca el art[0xed]culo 27 del IRPF con retención de profesional o bien tendrá una nómina (como rendimientos del trabajo) con la retención de administrador? (o una opción o la otra).

¿Se debe repercutir en su caso IVA en la factura por los servicios profesionales del socio a la entidad?

Socios de entidades que realicen actividades profesionales

De acuerdo con la modificación del art[0xed]culo 27.1 de la LIRPF por la ley 26/2014, y con efectos desde el 01-01-2015, los rendimientos procedentes de una entidad en cuyo capital participe el contribuyente, derivados de la realización de actividades incluidas en la sección Segunda de las Tarifas del IAE (actividades profesionales de carácter general), se calificarán como rendimientos profesionales cuando el contribuyente está incluido, a tal efecto, en el rágimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA), o en una mutualidad de previsión social que actÚe como alternativa al citado rágimen especial.

En concreto, el art[0xed]culo 27.1 LIRPF señala:

“Art[0xed]culo 27 Rendimientos [0xed]ntegros de actividades económicas

1. Se considerarán rendimientos [0xed]ntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesan[0xed]a, agr[0xed]colas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, art[0xed]sticas y deportivas.

No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre , tendrán esta consideración cuando el contribuyente está incluido, a tal efecto, en el rágimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actÚe como alternativa al citado rágimen especial conforme a lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados”.

Entendemos que este precepto encuentra su origen en la Nota 1/2012 del Departamento de Gestión Tributaria, en la que se pretend[0xed]a clarificar la naturaleza de la renta obtenida por los socios profesionales.

Rágimen vigente hasta 01-01-2015

Con anterioridad a la reforma del IRPF, los socios que prestaban sus servicios profesionales para una empresa de la que pose[0xed]an el control efectivo, por lo que cotizaban en el RETA, cobraban del siguiente modo:

Si la empresa le satisfac[0xed]a una nómina, sus ingresos se consideraban rendimientos del trabajo Su tratamiento es el mismo que el de cualquier otro trabajador, con la Única diferencia de que cotiza en el RETA. Soporta una retención variable en función de los ingresos anuales percibidos (computando como gasto sus cuotas en el RETA).

Desde el 01-01-2015 ¿con factura?

Los ingresos se deben declarar como rendimientos de actividades económicas si cumple los siguientes requisitos:

- Si, debido a la condición de socio de una empresa de la que posee el control efectivo, está incluido en el rágimen de autónomos o en una mutualidad de previsión social (REAT).

- Si su sueldo deriva de la realización de servicios profesionales (ástos aparecen en la sección segunda de las tarifas del IAE), como por ejemplo si es un economista o un ingeniero que presta servicios para su empresa. Si Únicamente cobra por sus tareas como administrador activo (sin ejercer ninguna actividad profesional), este cambio no le afecta.

Este rágimen se aplicará con claridad a los profesionales que ejerzan la misma actividad que la empresa de la que son socios (por ejemplo, se aplicará a un abogado que ejerza como asesor a travás de su sociedad). No obstante, y tal y como está redactada la norma, este nuevo rágimen tambián será aplicable cuando los profesionales realicen una actividad distinta a la de la sociedad.

En consecuencia el socio trabajador tendrá que emitir una factura a su empresa por las actividades económicas realizadas con repercusión del IVA. Por eso, tendrá que darse de alta en el censo de empresarios, traer libro de facturas y presentar las declaraciones periódicas correspondientes.

Administradores

Las condiciones que tendrán que darse son que el trabajador sea socio, independientemente de que sea o no administrador. Por lo tanto, la normativa mencionada del art[0xed]culo 27 va referida a los socios que cumplan determinadas circunstancias. Pero, a partir de 01-01-2015 la retribución en s[0xed] de los administradores sigue siendo considerada como rendimientos del trabajo personal, eso s[0xed], con retención para el 2015 del 37% y 19% si la sociedad pagadora tiene un volumen de negocio neto inferior a 100.000 €.

IVA

Por su parte, la Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria de la AEAT se ha pronunciado sobre el tratamiento en IVA de las retribuciones percibidas por socios profesionales de sociedades, por las dudas creadas por la nueva calificación en el IRPF de las retribuciones percibidas por ellos, segÚn el art[0xed]culo 27.1 LIRPF. Para saber si dichos servicios están sujetos a IVA no es definitiva la calificación en el IRPF y habrá que analizar las circunstancias de cada caso en concreto.

Como bien dice en sus conclusiones la AEAT, el concepto de empresario o profesional a efectos del IVA se encuentra armonizado a nivel europeo, por lo que el tratamiento fiscal nacional de los ingresos percibidos por el contribuyente no es determinante a la hora de calificar sus actividades como actividades económicas a efectos de la Directiva IVA. Por tanto:

a) El hecho de que el rendimiento obtenido por el socio se califique como actividad profesional en IRPF en base a su inclusión en el RETA no implica que automáticamente sea sujeto pasivo del IVA, aunque se trata de un indicio a tener en cuenta dados los requisitos que la Seguridad Social exige para la inclusión en este rágimen especial; en todo caso habrá que analizar las circunstancias que concurren en cada supuesto.

b) Si el socio lleva a cabo la ordenación por cuenta propia de factores de producción para el desarrollo de su actividad profesional, las prestaciones de servicios efectuadas por el mismo a la sociedad estarán sujetas al IVA. La calificación como empresario o profesional a efectos, tanto del IRPF como del IVA, supondrá que deberá estar dado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores mediante la presentación de la correspondiente declaración censal.

Por otra parte, como sujeto pasivo del IVA estará obligado a emitir factura por los servicios prestados a la sociedad, o en su caso, a los clientes de la misma y presentar las autoliquidaciones por dicho impuesto (art. 164 LIVA).

c) Si la relación socio-sociedad debe calificarse como laboral por concurrir las notas de dependencia y ajenidad, los servicios prestados por el socio a la sociedad estarán no sujetos al IVA en virtud de lo dispuesto en el art[0xed]culo 7.5º LIVA. Dado que, a efectos de IRPF, calificará sus rendimientos como de actividad económica, deberá darse de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores (modelo 036).

El contribuyente no tendrá obligación de expedir factura de sus operaciones ya que no se considera sujeto pasivo del IVA.

Mercantil, civil y administrativo

Adiós a las tasas judiciales para personas f[0xed]sicas

El pasado sábado 28 de febrero de 2015 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social que, dentro del Cap[0xed]tulo de Medidas en el Ámbito de la Administración de Justicia, modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula las tasas judiciales, suprimiándolas en el caso de las personas f[0xed]sicas.

El Gobierno da marcha atrás al suprimir mediante decreto ley las tasas judiciales para las personas f[0xed]sicas implantadas a iniciativa del anterior ministro de Justicia

¿Desde cuándo se pagaban estas tasas?

El d[0xed]a 22 de noviembre de 2012 entraron en vigor las tasas judiciales, ideadas por el Ministro de Justicia, Ruiz Gallardon, y aprobadas por Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Pese al calificativo de nuevas con el que casi siempre se las identificaba, no son invento del Gobierno actual. En España hubo tasas judiciales hasta el año 1987. Se eliminaron en aras de facilitar el acceso a la justicia y de evitar corruptelas en las oficinas judiciales. Pero la Ley 53/2002 las recuperó para las empresas y personas jur[0xed]dicas en general, con ingresos superiores a 8 millones de euros.

Entonces, ¿Por quá tanta oposición a la tasa si la misma ya exist[0xed]a desde el año 2002?

Pues porque la Ley de 2012 hizo fundamentalmente tres cosas:

(i) extender la aplicación de las tasas a las personas f[0xed]sicas y tambián a las personas jur[0xed]dicas de reducida dimensión económica, antes exentos, as[0xed] como al ámbito laboral;

(ii) elevar significativamente las cuant[0xed]as de las tasas en lo que a la parte fija se refiere. Por ejemplo, en una demanda civil, la porción fija pasó de €150 a €300, en lo contencioso-administrativo, de €210 a €350; la parte fija de las tasas por los recursos de apelación y casación se aumentó igualmente un 100% o más, pasando de 300 a 800 y de 600 a 1200, respectivamente.

(iii) cambió los supuestos sujetos y exentos del pago de las tasas.

La tasa judicial para las personas f[0xed]sicas ha estado en vigor desde el d[0xed]a 22 de noviembre de 2012, hasta el pasado d[0xed]a 3 de marzo de 2015.

Atención. Pese a que las tasas que ahora se modifican, entraron en vigor el d[0xed]a 22 de noviembre de 2012, no pudieron liquidarse hasta el d[0xed]a 17 de diciembre de aquál año, debido a que los formularios de Hacienda no estuvieron disponibles hasta esa fecha.

¿Quiánes se ahorraran ahora la tasa judicial?

El Real Decreto Ley 1/2015, aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Departamento de Justicia el d[0xed]a 27 de febrero, y publicado en el BOE del d[0xed]a 28, suprime las tasas para todos los ciudadanos, en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias judiciales.

Desde el pasado lunes d[0xed]a 3 de marzo los particulares ya no deben liquidar la tasa judicial

Atención. No sucede lo mismo con los trabajadores autónomos y las pymes, que seguirán pagando si la cuant[0xed]a supera los 2.000 euros. Por debajo de esa cantidad estarán exentos como hasta ahora

¿Y cuánto se ahorraran?

La tasa está compuesta por una cuota fija, que se determina en función de la clase de procedimiento y orden jurisdiccional (desde los 100 Euros en el caso de las reclamaciones de importes más bajos –juicios monitorios- hasta los 1200 Euros en el caso de un recurso de casación-),más otra cuota variable consistente en la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada segÚn las normas procesales, el tipo de gravamen que, en el caso de las personas f[0xed]sicas, era del 0,10%.

La tasa para las personas f[0xed]sicas consist[0xed]a en un porcentaje del 0,10% de la cuant[0xed]a de la reclamación judicial, más una cuota fija determinada en función de la clase de procedimiento y orden jurisdiccional (civil, laboral o contencioso-administrativo)

Atención. El Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el rágimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jur[0xed]dica gratuita, rebajó la parte variable del gravamen para las personas f[0xed]sicas, que inicialmente era de un 0,50%, a un 0,10 en reclamaciones por debajo de un millón de euros y en el 0,25% a partir de esa cantidad.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

Aumenta la recaudación en IRPF e IVA en 2014

(Cinco D[0xed]as, 01-04-2015)

Hay tres formas de reducir el dáficit pÚblico. Haciendo crecer los ingresos, disminuyendo el gasto o combinar ambas formas. La mejora de los nÚmeros rojos de la Administración PÚblica en 2014 se explica exclusivamente por el aumento de la recaudación.

El conjunto del sector pÚblico cerró 2014 con un dáficit pÚblico, sin contabilizar la ayuda financiera, del 5,72% del PIB. As[0xed], los nÚmeros rojos ascendieron a 60.537 millones frente a los 66.394 millones del ejercicio anterior. Es decir, se registró una reducción del dáficit de 5.857 millones. SegÚn los datos de contabilidad nacional, ello fue posible porque los ingresos pÚblicos aumentaron en 6.265 millones hasta alcanzar los 399.733 millones. El gasto pÚblico, en cambio, no contribuyó a la reducción del dáficit. Sin contabilizar la ayuda financiera –que en 2014 fue menor que en 2013–, el conjunto de la Administración PÚblica gastó 460.270 millones frente a los 459.862 millones de 2014. Un ligero aumento del 0,09% que representa 408 millones más.

Cataluña y otras Comunidades Autónomas como Navarra, Aragón, Canarias, Asturias y La Rioja revisan la estructura del impuesto a grandes superficies ante la presión de Bruselas que consideraba este tributo “posible ayuda de estado”. Bruselas les dio de plazo hasta el 30 de marzo a los tácnicos autonómicos para buscar una solución. Cataluña, la región que más beneficios obtiene con este tributo, ya ha presentado sus modificaciones que inciden en el hecho imponible.

La Generalitat de Cataluña hizo pÚblico que ha enviado a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea el documento con las l[0xed]neas generales de modificación del impuesto. Entre ellas destaca la incorporación de los establecimientos colectivos (aquellas grandes superficies integradas a su vez por pequeños establecimientos) dentro de la definición de hecho imponible. “Cuando se diseñó el impuesto (en el año 2000) hab[0xed]a pocos, pero a posteriori se ha constatado que no pueden quedar excluidos, ya que producen las mismas o mayores externalidades negativas que el resto de establecimientos gravados”, subraya el comunicado.

De esta manera, el Gobierno catalán obligará a pagar a algunos pequeños y a todos los grandes establecimientos sin distinción de su tamaño. Una medida similar a la que se está aplicando ya desde hace tiempo en Asturias y con la que trata de evitar que ese tributo sea considerado una ayuda de estado para el pequeño comercio. En el caso asturiano, el hecho imponible son establecimientos colectivos de más de 4.000 metros y lo que se grava es el metro cuadrado de aparcamiento. Luego es el gestor de ese establecimiento el que se encargará de cobrar a cada uno de los comercios, en función de la superficie que ocupan.

La Guardia Civil y los Servicios de Vigilancia Aduanera incautaron 57,8 millones de euros entre 2011 y 2013 de personas que pretend[0xed]an entrar o salir de España con dinero en efectivo sin declarar. El 21,6% del importe decomisado ten[0xed]a como origen o destino Andorra. La legislación obliga a notificar las salidas y entradas de efectivo del pa[0xed]s cuando superan los 10.000 euros.

La ca[0xed]da de la Banca Privada de Andorra (BPA) tras la acusación de blanqueo de capitales realizada por las autoridades estadounidenses ha reforzado el estigma sobre el pequeño pa[0xed]s de los Pirineos. Andorra figuraba en la lista de para[0xed]sos fiscales de España desde su creación en 1991 y salió de ella en 2010, cuando ambos pa[0xed]ses firmaron un tratado de intercambio de información tributaria.

Si bien el blanqueo de capitales y los delitos fiscales pueden cometerse desde un ordenador, la frontera f[0xed]sica entre España y Andorra sigue siendo un punto cr[0xed]tico de entrada y salida de capitales. Fuentes de la Guardia Civil del puesto fronterizo de Lárida señalan que, el año pasado, la totalidad de dinero incautado se detectó en ciudadanos que entraban a España y no decomisó efectivo de salida. Ello sugiere que los contribuyentes españoles ya no conf[0xed]an en Andorra para sacar su dinero negro por carretera y, aquellos que lo hicieron en el pasado –cuando el secreto bancario andorrano era sagrado–, están optando por repatriar el dinero evadido.

Las comunidades autónomas han recibido ya 187,1 millones de euros recaudados por el Estado con el pago a cuenta del Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crádito (IDEC) del año 2014. Lo que han ingresado las comunidades es el pago a cuenta del impuesto, el 50%, en el plazo de tres meses desde el ingreso del pago a cuenta (diciembre de 2014), quedando la cuant[0xed]a restante pendiente de la liquidación definitiva de la tasa sobre depósitos bancarios por parte de los bancos.

Las entidades financieras deben realizar un pago a cuenta en cada periodo impositivo y presentar la autoliquidación del impuesto en el mes de julio del año siguiente. En la autoliquidación, deben desagregar el importe resultante por cada comunidad en la que radique la sede central o las sucursales donde mantengan los fondos de terceros gravados por el impuesto. Además, desagregan tambián el importe correspondiente a los fondos mantenidos mediante sistemas de comercialización no presenciales de acuerdo con la proporción anterior.

En diciembre de 2014, las entidades financieras realizaron el pago a cuenta, por importe del 50% de la cuant[0xed]a resultante de aplicar el tipo de gravamen (0,03%) a la base imponible establecida en la regulación del impuesto, y a partir de los estados financieros individuales del año 2013. Esa recaudación, 187,1 millones de euros, se distribuye ahora entre las autonom[0xed]as.

La devolución del cántimo sanitario sigue trayendo cola. La Última, la negativa de Hacienda a hacerse cargo de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial del Estado. El mismo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dado instrucciones para denegar 1.395 solicitudes de responsabilidad patrimonial reclamadas por afectados del cántimo sanitario. Tras esta negativa, la guerra seguirá en el Tribunal Supremo.

Un informe de 23 páginas firmadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ha servido para desestimar de forma masiva las solicitudes de responsabilidad patrimonial del Estado por el cántimo sanitario. Fuentes de Hacienda han confirmado que se registraron 1.395 reclamaciones. El cántimo sanitario es el nombre popular por el que se conoce el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que se aprobó en 2002 y que el Tribunal Superior de Justicia de la UE declaró ilegal en febrero de 2014.

¿Y quá sucede con el coste fiscal asumido por un impuesto ilegal entre 2002 y 2010? En estos casos, la Única v[0xed]a existente es exigir la responsabilidad patrimonial del Estado, figura que contempla que empresas y ciudadanos puedan recibir una compensación por una decisión dañina de la Administración. El plazo para pedir la responsabilidad patrimonial por la sentencia de Bruselas concluye el 14 de abril. Fuentes de Hacienda indican que las indemnizaciones solicitadas ascienden a 96 millones hasta el 9 de febrero. Una cifra baja que se explica porque muchos contribuyentes no guardan facturas de diez años atrás.

Laboral

El desempleo de la zona euro baja en febrero a su m[0xed]nimo desde mayo de 2012. El paro se redujo una dácima en febrero en los 19 pa[0xed]ses que comparten el euro, hasta el 11,3%, y bajó tambián una dácima en la Unión Europea (UE), hasta el 9,8%, segÚn el mismo organismo.

Entre los Estados miembros, las tasas más bajas de desempleo en febrero se registraron en Alemania (4,8%) y en Austria (5,3%) y las más altas en Grecia (26,0% en diciembre) y en España (23,2%). Los mayores descensos interanuales se observaron en Estonia (del 8,4% al 6,2% entre enero de 2014 y enero de 2015), en Irlanda (del 12,1% al 9,9%) y en Bulgaria (del 12,3% al 10,2%). Las subidas más fuertes tuvieron lugar en Croacia (del 17,3% al 18,5%), en Chipre (del 15,6% al 16,3%) y en Finlandia (del 8,4% al 9,1%).

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró que los datos de paro de marzo, que hoy acaba, serán nuevamente positivos. La ministra se mostró convencida que se mejorarán los registros de empleo, aludiendo a que en febrero el ritmo de crecimiento de la ocupación se situaba en un 2,8% y que en marzo se superará esta cifra.

"Los datos mes a mes confirman que cada d[0xed]a se crea empleo en España y, lo más importante, se acelera el ritmo de creación de empleo. En marzo habrá más aceleración del crecimiento y en febrero se creaba empleo a un ritmo del 2,8%. Estoy convencida de que mejoraremos en marzo los registros", dijo en relación a los datos que se conocerán dentro de una semana, el 6 de abril.

Por otro lado, en cuanto a la creación de empleo en esta Semana Santa, apuntó que los datos van a ser "bueno" en toda España. Además, añadió, que en 2014 se batieron todos los rácords en tárminos tur[0xed]sticos. En este sentido, indicó que el turismo "se está incorporando de manera rápida" a la recuperación en forma de crecimiento y de creación de empleo. As[0xed], recordó que el pasado año España batió el rácord en turistas, con más de 60 millones de visitantes, y en gasto tur[0xed]stico.

Este porcentaje supone, segÚn datos del Instituto Nacional de Estad[0xed]stica (INE), casi cinco veces más que la cifra registrada antes de la crisis (9,1% en el cuarto trimestre de 2008). Esta situación es principalmente grave entre los parados mayores de 55 años, entre los que el porcentaje supera el 60%, cifras nunca registradas en la serie histórica para ningÚn grupo de edad. As[0xed], el 63,4% de los desempleados entre 55 y 59 años, y el 63,2% de los que tienen entre 60 y 64 años, llevan más de 24 meses tratando de encontrar un trabajo.

Los porcentajes son menores aunque tambián superan el 50% en los grupos de edad anteriores. En concreto, más de la mitad de los parados entre 45 y 54 años está en esta situación desde antes de 2013 (el 52,6% en el grupo entre 45 y 49 años, y el 54,6% entre 50 y 54 años). En cuanto a valores absolutos, un total de 2.387.200 parados llevan buscando trabajo más de dos años, 75.400 más que un año antes. En el caso de los parados entre 55 y 59 años esta cifra es de 279.200, un 21,2% más que en 2013, mientras que entre aquellos entre 60 y 64 años asciende a 104.700, un 17,2% más que un año antes.

En el 50% de los contratos el salario no supera los 889 euros mensuales de media, segÚn el estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el mercado laboral en España a travás de una encuesta a 1.111 españoles en edad de trabajar. Además, el 25% de los encuestados recibieron una oferta de trabajo con una remuneración de 650 euros al mes y en una de cada cinco entrevistas no se planteó el hecho de firmar un contrato laboral.

En esta l[0xed]nea, el estudio destaca la alta tasa de desempleo de larga duración, ya que más de un tercio de los encuestados sin trabajo lleva más de tres años en esa situación. Todo ello a pesar de que cuatro de cada diez desempleados han presentado más de 10 solicitudes en los Últimos 3 meses. Además, el 84% de los parados busca un empleo de cualquier tipo y solo 7 de cada 100 solicitudes reciben algÚn tipo de respuesta. El salario var[0xed]a en función del nivel de formación, siendo 1.036 el importe más alto para aquellos con estudios superiores, seguido de 878 para los que tienen estudios medios y 771 para quienes poseen estudios primarios.

Para OCU las prestaciones y subsidios destinados a los desempleados "se quedan cortos". El estudio refleja que un 66% de los encuestados no recibe ningÚn subsidio, mientras que el 34% de los parados que recibe alguna ayuda, percibe 635 euros de media.

El Bolet[0xed]n Oficial del Estado (BOE) del 23 de marzo, publicó el Real Decreto Ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el empleo. Se trata de un nuevo modelo de formación de ocupados y parados que sustituye al vigente y en el que ni sindicatos ni patronal tienen participación directa.

Formar desde dentro o encargarlo: El nuevo sistema mantiene la denominada hasta ahora formación de demanda o formación bonificada, que es la que realizan las propias empresas para sus trabajadores. Las compañ[0xed]as financian esta formación bonificándose al año siguiente la cuota formativa que abonan a la Seguridad Social. El pasado año unas 475.000 empresas formaron a sus trabajadores por esta v[0xed]a, para lo que se destinaron unos 600 millones de euros.

¿Quá empresas pueden acceder a la formación bonificada? Todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector de actividad. ¿Cómo financian los cursos las empresas? Tambián se mantiene el mismo sistema de financiación que en la actualidad. Desde el primer d[0xed]a del ejercicio presupuestario, las empresas dispondrán de un crádito de formación, que podrán hacer efectivo mediante las bonificaciones en las cotizaciones empresariales por formación a la Seguridad Social.

Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno y los principales servicios de estudio han fiado al consumo de los hogares el crecimiento económico previsto para 2015, que se situará entre el 2,5% y el 3%. Los expertos preván que la totalidad del aumento provenga del impulso de la demanda interna (consumo de los hogares más inversión empresarial), mientras que la demanda externa tendrá una aportación neutra.

Y los primeros datos ligados al consumo parecen avalar esa tesis. El INE hizo pÚblico que las ventas del comercio minorista crecieron un 2,6% en febrero. Si se descuentan los efectos ligados a la estacionalidad y al calendario (hay meses con más o menos d[0xed]as hábiles), un indicador que se considera más fiable para hacer comparaciones con per[0xed]odos anteriores, el crecimiento sube una dácima hasta el 2,7%. De este modo, esta estad[0xed]stica, que llegó a encadenar en los peores años de la crisis más de tres años seguidos en tasas negativas, lleva siete meses consecutivos creciendo, como muestra de una mejor[0xed]a del consumo de los hogares, anclada en unas mejores expectativas y en el crecimiento de la renta disponible, como consecuencia de la reforma fiscal, la bajada de precios y la liberalización de los horarios comerciales, que ha eliminado los l[0xed]mites establecidos para los per[0xed]odos de rebajas.

Las ventas han crecido en trece comunidades autónomas y tan solo han descendido en cuatro de ellas (Extremadura, La Rioja, Asturias y Pa[0xed]s Vasco). Entre las que han incrementado su facturación, destaca Cantabria, con un avance del 5,9%, Baleares (4,5%), Madrid (4,1%), Comunidad Valenciana (4,1%) y Cataluña (3,7%). Excepto la primera, las otras cuatro regiones en las que más han subido las ventas tienen al turismo entre sus principales fuentes de ingresos y justifican el repunte de ventas por la convergencia de las mejores expectativas para los residentes y una mayor entrada de visitantes extranjeros.

El ministro de Econom[0xed]a y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que la econom[0xed]a creció un 0,8% en el primer trimestre del año y que podr[0xed]a crecer entre un 2,5% y un 3% en el conjunto del año. Guindos ha subrayado que en el primer trimestre se ha producido cierta aceleración de la econom[0xed]a española, segÚn los indicadores.

En este sentido, el titular de Econom[0xed]a ha considerado que la cifra del 0,8% que planteó tambián el Banco de España en su Último bolet[0xed]n económico figura en el escenario central del Ministerio de Econom[0xed]a. Para el conjunto del año, Guindos ha dicho que el Gobierno actualizará el cuadro macroeconómico a finales de abril, aunque ha considerado "prudente" trabajar con un rango de crecimiento de entre el 2,5% y el 3%, puesto que ah[0xed] está el consenso económico e incluso el Banco de España.

Luis de Guindos ha dicho que "España es la econom[0xed]a de la zona del euro con el ritmo de crecimiento más rápido" y que ello se debe, en parte, a la reestructuración de los bancos. En este sentido, el ministro ha hecho hincapiá en que los bancos españoles son ahora más seguros que hace unos años. Por otro lado, el 'popular' ha recordado que el Banco de España ha revisado al alza los pronósticos de crecimiento de España para 2015 hasta el 2,8% y que, hace tres años, España estaba al borde de precipicio.

De Guindos considera que "España ha perdido competitividad en los Últimos tres o cuatro años", pero ha pronosticado que se crearán más de medio millón de empleos en 2015. En cuanto al proceso de reestructuración del sistema bancario español, el ministro de Econom[0xed]a ha indicado que fue dif[0xed]cil porque en las Cajas de Ahorro, que constitu[0xed]an el 50% de la industria financiera, hab[0xed]a muchas interferencias pol[0xed]ticas, por lo que ha destacado la importancia de romper el v[0xed]nculo entre bancos y soberanos.

Tras más de un año y seis meses de tramitación parlamentaria, en la que se han presentado más de 2.000 enmiendas al articulado en Congreso y Senado, la reforma del Código Penal fue aprobada con el Único apoyo expreso del PP y la oposición de todos los demás grupos parlamentarios, que lo consideran regresivo por el aumento “generalizado” de las penas y la introducción de la prisión permanente revisable, que consideran en la práctica la reinstauración de la cadena perpetua.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tomó la palabra al final del debate para subrayar que la reforma es “un mejor instrumento” para defender los derechos y las libertades de los ciudadanos, ya que el Código Penal se adecua a las nuevas formas delictivas para proteger mejor a quienes más lo necesitan. “Es, por tanto, un buen d[0xed]a para nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia”, subrayó.

La principal novedad en lo que afecta a las empresas de la nueva norma es que establece la obligación de que adopten medidas para evitar la comisión de delitos. El art[0xed]culo 20 del nuevo Código Penal establece que las personas jur[0xed]dicas serán penalmente responsables “de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas f[0xed]sicas mencionadas, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso”. Dicho de otra manera, que las empresas deberán establecer las medidas de vigilancia y control idóneas “para prevenir delitos o el riesgo de su comisión”.

Otra de las novedades importantes en la reforma del Código Penal es la inclusión de un apartado dedicado en exclusiva a evitar “la corrupción en los negocios”, en el que quedan tipificados los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas. La norma modifica la tipificación del delito de insolvencia punible, estableciendo penas de cárcel y sanciones hacia aquellas personas que se declaren insolventes y no hagan frente a las deudas pendientes con sus acreedores en el proceso de un concurso.

Más de 31.500 familias se han beneficiado de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para proteger a los hipotecados, evitando con ello unos 13.000 desahucios y permitiendo 12.650 reestructuraciones de deuda. Además, casi 4.000 personas -3.843- se han librado de su hipoteca al entregar las llaves de su propiedad al banco, lo que se conoce como dación en pago, mientras que otras 2.000 familias en riesgo han accedido al alquiler social de una vivienda cedida por las entidades financieras.

El ministro de Econom[0xed]a, Luis de Guindos, recordó en el Senado que el Gobierno ha reforzado las medidas para proteger a los hipotecados, aprobando un marco de insolvencia que permite a cualquier persona librarse de sus deudas. Tambián se ha incluido a todos los mayores de 65 años como beneficiarios del código de buenas prácticas, un conjunto de normas que la banca se comprometió a tener en cuenta a partir de mediados de 2012 con los colectivos más vulnerables que no pudieran hacer frente a su hipoteca y que ha beneficiado ya a 16.500 familias, entre reestructuraciones, daciones en pagos y quitas de deuda.

Sector

Cuanto más abogados, más litigios

(Expansión, 29-03-2015)

Existe relación entre la elevada litigiosidad en España y el alto nÚmero de abogados per cápita. SegÚn el Banco de España, s[0xed]. Al menos as[0xed] lo mantiene un documento de trabajo publicado recientemente por esta institución en el que se analiza el mercado de servicios legales en España y su vinculación con la litigiosidad del pa[0xed]s entre los años 2001 y 2010.

SegÚn el estudio, "existe una evidencia emp[0xed]rica de asociación positiva entre el nÚmero de abogados por habitante y el nÚmero de litigios". Y para demostrarlo, analiza el caso de España que, segÚn recuerda, cuenta con más pleitos y más abogados por habitante que la mayor[0xed]a de los pa[0xed]ses de la OCDE.

El documento de trabajo del organismo español arranca su análisis repasando las justificaciones genáricas y teóricas que se han venido manteniendo en diversos estudios a nivel internacional para explicar por quá aumentar el nÚmero de abogados incrementa la litigiosidad.

Algunas de ellas son, por ejemplo, los bajos precios de los servicios como consecuencia de una amplia oferta de profesionales; el marco regulatorio, que impone ciertas restricciones para la compensación económica de los abogados, animándoles a buscar más negocio; o la concentración y la propia naturaleza del mercado empresarial, que puede llevar a los letrados a interesarse más por clientes personas f[0xed]sicas, más propensos a litigar.

"La reforma en sede judicial sobre los despidos colectivos está fracasando", as[0xed] de contundente fue el magistrado del Tribunal Supremo, Aurelio Desdentado Bonete, durante el transcurso de su intervención en una jornada sobre los Aspectos Clave del Despido Colectivo, organizada por el despacho CMS Albiñana y Suárez de Lezo.

Confirmó, como resultado de un análisis propio sobre la jurisprudencia publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la mitad de los 79 despidos colectivos presentados ante los tribunales desde que entró en vigor la reforma laboral, en marzo de 2013, han sido declarados nulos por los jueces. De ellos, tan solo 31 se calificaron como procedentes y otros nueve de improcedentes.

Las causas de este fracaso se debe a razones tan dispares como una deficiente definición sobre lo que son las causas económicas o la vuelta de la nulidad por causas formales, aunque la principal de las causas es el "espectacular" encarecimiento que ha supuesto la nueva regulación del despido colectivo.

Varios despachos se han lanzado a captar a un alto volumen de clientes perjudicados por productos financieros u otros conflictos. Se trata de un negocio millonario, pero los expertos advierten de que puede ser cortoplacista. Si usted escribe en el buscador de Google las palabras "abogados preferentes" encontrará un gran nÚmero de bufetes dispuestos a representarle en una demanda judicial.

En los Últimos años, se ha incrementado la cantidad de despachos que han apostado por este nuevo nicho de negocio en España, basado en las reclamaciones de inversores de productos financieros o salidas a Bolsa fallidas, as[0xed] como ciudadanos afectados por otros conflictos, como estafas o huelgas en el sector aáreo.

Esto pone de manifiesto que los despachos que más se anuncian tienen un primer servicio de atención telefónica para el cliente menos tácnico en asuntos jur[0xed]dicos, y que suelen cobrar una cantidad fija a fondo perdido por el asesoramiento, que oscila entre 150 y 450 euros, dependiendo de la cantidad invertida o del tipo de reclamación. Despuás, si se gana la demanda, el cliente debe pagar en algunos de estos bufetes otros 550 euros, pero la mayor[0xed]a sólo obtiene sus honorarios a áxito, es decir, si ganan cobran un porcentaje de entre el 5% y el 10% de la cantidad recuperada.

El Ministerio de Justicia ha subrayado que la oferta pÚblica de empleo aprobada el viernes, que contempla 2.025 plazas de funcionarios para la Administración de Justicia, tiene el propósito de acabar con la interinidad en juzgados, tribunales y fiscal[0xed]as. En un comunicado, destaca que con esta convocatoria se inicia un proceso con el que se pretende tambián lograr "la mayor profesionalización posible" en el ámbito de la Administración de Justicia.

Además de reducir "y en el futuro acabar" con la interinidad en juzgados, tribunales y fiscal[0xed]as, y en los cuerpos especiales al servicio de la Administración de Justicia, la oferta de empleo tambián pretende "dotar de estabilidad al sistema y fomentar la carrera profesional entre el personal" de este ámbito, ha subrayado el Ministerio.

1.866 nuevas plazas para Justicia

(Expansión, 20-03-2015)

Otra de las novedades del Decreto que aprobará hoy el Gobierno sobre la oferta de empelo pÚblico afectará sensiblemente a la Administración de Justicia. Se convocarán 1.866 nuevas plazas, un fuerte crecimiento en comparación con los puestos ofertados en 2014, que básicamente se limitaron a aumentar el nÚmero de secretarios judiciales pero apenas se convocaron plazas de jueces y fiscales.

El listado completo de plazas que el Gobierno pondrá sobre la mesa (ver cuadro adjunto) desvela que, por ejemplo, más de la mitad de las plazas que ha convocado el Gobierno irá destinada a reforzar cuerpos de álite y no a reforzar la plantilla que está destinada a atender al pÚblico, como administrativos. Por ejemplo, en 2015 habrá 17 nuevos diplomáticos, 25 nuevos abogados del Estado, 12 inspectores de trabajo y Seguridad Social más, 21 plazas para tácnicos comerciales y economistas del Estado y 12 diplomáticos del Estado.



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