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Los consejos de la semana

Fiscal

Regularización tributaria correspondiente a pensiones del extranjero

Los contribuyentes que no hubieran declarado pensiones percibidas del extranjero que deber[0xed]an haber declarado, pueden presentar declaraciones complementarias de IRPF de los ejercicios no prescritos (es decir, de los años 2010, 2011, 2012 y 2013) entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015, sin recargos, intereses de demora ni sanciones, de acuerdo con la reforma fiscal de la LIRPF prevista para 2015.

Pensiones en el extranjero

Se trata de un pensionista, residente fiscal en España, que hace años se fue a trabajar a Francia y gracias a ello ahora cobra una pensión de dicho pa[0xed]s. Este contribuyente, de edad avanzada, hasta hora no ha declarado la pensión que cobraba de Alemania, ya que no lo sab[0xed]a y no era consciente de que ten[0xed]a que declararla en su IRPF. No obstante, ahora le han comentado que Hacienda está haciendo muchas comprobaciones del IRPF con relación a aquellos contribuyentes que han percibido pensiones del extranjero no declaradas en España.

En caso de que Hacienda haya comprobado alguna de las declaraciones de IRPF y le haya liquidado al contribuyente por no declarar estas pensiones ¿es verdad que se ha establecido un plazo por el Gobierno para que estas personas puedan regularizar su situación tributaria de forma muy beneficiosa, sin sanciones ni recargos? ¿Dónde se encuentra regulado?

Reforma fiscal de la Ley del IRPF 2015

Actualmente se encuentra en fase de aprobación parlamentaria el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 35/2006 del IRPF (LIRPF) esperándose que su aprobación se produzca con tiempo suficiente para que tambián vea la luz su desarrollo reglamentario antes de que finalice el año 2014.

Pues bien, de acuerdo con la disposición adicional Única del Proyecto de Ley de reforma de la LIRPF sobre la “Regularización de deudas tributarias correspondientes a pensiones procedentes del extranjero y condonación de las sanciones, recargos e intereses liquidados por este concepto”,  y si no se modifica su redacción antes de la definitiva publicación de la Ley en el BOE, se introducirá un periodo de gracia de 6 meses a partir del 01-01-2015 (fecha prevista para la entrada en vigor de la reforma del IRPF), se permitirá que todos aquellos residentes puedan regularizar su situación tributaria derivada de la percepción de pensiones del extranjero no declaradas en España. Igualmente, la medida tambián va encaminada a la regularización de no residentes que obtengan dichos rendimientos de fuente española y que de acuerdo con la normativa deban tributar en España.

Por ello, la nueva regulación permitirá a este colectivo de contribuyentes, en un plazo de 6 meses, regularizar su situación tributaria, incluyendo dichas rentas obtenidas en ejercicios no prescritos, ahorrándose en su caso, recargos y/o intereses que con carácter general son propios de cualquier regularización extemporánea realizada con carácter voluntario.

En la norma se distinguen varios supuesto, como ahora veremos:

1. Se establece la posibilidad de regularizar la situación tributaria sin exigencia de recargos, intereses ni sanciones, mediante la presentación de autoliquidaciones complementarias, a los contribuyentes del IRPF que hubieran percibido pensiones procedentes del exterior sujetas a tributación por dicho impuesto y no hubieran declarado tales rendimientos en los per[0xed]odos impositivos cuyo plazo de declaración en periodo voluntario hubiera concluido a la fecha de entrada en vigor de esta norma.

2. Asimismo, la norma establece una condonación rogada, de recargos, sanciones e intereses del IRPF, a todos aquellos contribuyentes que, hayan regularizado voluntariamente con carácter previo a la entrada en vigor de esta medida, o bien hayan sido objeto de comprobación por parte de los órganos de Gestión de la Agencia Tributaria, por este concepto. Ello implicará que los pensionistas que han recibido recientemente liquidaciones provisionales con sanciones e intereses, podrán obtener la devolución de estos dos Últimos conceptos previa solicitud a la Administración Tributaria correspondiente.

Residencia fiscal y pensión de Francia

En primer lugar, antes de proceder con la regularización voluntaria de las pensiones, el contribuyente deberá siempre: (i) identificar el pa[0xed]s pagador de las mismas y su propia residencia fiscal; (ii) identificar motivo y origen de la pensión, y (iii) verificar la existencia de Convenio de Doble Imposición (CDI) entre el pa[0xed]s pagador y España.

Si de acuerdo con la Ley 35/2006 del IRPF (art[0xed]culos 2 y 9), el pensionista se considerada contribuyente del IRPF, deberá tributar en España por su renta mundial, con independencia del lugar donde las rentas se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador, sin perjuicio de las particularidades que, para cada tipo de renta, se establezcan en los Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI) que, en su caso, sean aplicables.

As[0xed], si en aplicación de alguno de los criterios señalados en el art[0xed]culo 9 LIRPF, el consultante resultase ser residente fiscalmente en España y al mismo tiempo pudiera ser considerada residente en Francia, de acuerdo con su legislación interna, se producir[0xed]a un conflicto de residencia entre los dos Estados. Este conflicto se resuelve por el art[0xed]culo 4 del Convenio entre el Reino de España y la RepÚblica Francesa a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995 (BOE de 12 de junio de 1997).

¿En quá Estado tributan las pensiones segÚn los diferentes Convenios suscritos por España?

Las pensiones, entendidas como remuneraciones que tienen su causa en un empleo ejercido con anterioridad, tienen distinto tratamiento segÚn sean pÚblicas o privadas:

- En las pensiones privadas, (entre las que se incluyen generalmente las satisfechas por la Seguridad Social) la mayor parte de los Convenios establecen el derecho de imposición a favor del Estado de residencia de la persona que recibe la pensión.

- En las pensiones pÚblicas (por ejemplo, las de los funcionarios), el derecho lo tiene el Estado de donde proceden las mismas, salvo en algunos Convenios, en los que, si tiene la nacionalidad del Estado de residencia, la potestad tributaria corresponde a áste.

En el caso de Francia, de acuerdo con el art[0xed]culo 18 del CDI entre el Reino de España y la RepÚblica Francesa: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del art[0xed]culo 19 (retribuciones pÚblicas), las pensiones y demás remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de un empleo anterior, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.”

Por consiguiente, al ser residente en territorio español el contribuyente como ya nos indica en su consulta, la pensión que percibe de Francia deberá someterse a imposición en España.

Obligación de declarar la pensión en el IRPF

Hay que tener presente el art[0xed]culo 96 de la LIRPF, que regula con carácter general la obligación de presentar y suscribir declaración por el IRPF. No obstante, el mencionado art[0xed]culo, establece que no tendrán la obligación de declarar los contribuyentes que obtengan rentas exclusivamente de las fuentes que establece la Ley, con el l[0xed]mite cuantitativo y en las circunstancias que se fijan en cada caso.

1. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:

a) Rendimientos [0xed]ntegros del trabajo, con el l[0xed]mite de 22.000 euros anuales.

b) Rendimientos [0xed]ntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el l[0xed]mite conjunto de 1.600 euros anuales.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda determinarla por la cuant[0xed]a a integrar en la base imponible.

c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del art[0xed]culo 85 de esta ley, rendimientos [0xed]ntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el l[0xed]mite conjunto de 1.000 euros anuales.

En ningÚn caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos [0xed]ntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, as[0xed] como ganancias patrimoniales, con el l[0xed]mite conjunto de 1.000 euros anuales y párdidas patrimoniales de cuant[0xed]a inferior a 500 euros.

2. El l[0xed]mite a que se refiere el párrafo a) del apartado 2 anterior será de 11.200 euros para los contribuyentes que perciban rendimientos [0xed]ntegros del trabajo en los siguientes supuestos:

a) Cuando procedan de más de un pagador. No obstante, el l[0xed]mite será de 22.000 euros anuales en los siguientes supuestos:

1.º Si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuant[0xed]a, no supera en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.

2.º Cuando se trate de contribuyentes cuyos Únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el art[0xed]culo 17.2.a) de esta Ley y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial que reglamentariamente se establezca.

b) Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las previstas en el art[0xed]culo 7 de esta Ley.

c) Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no está obligado a retener de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.

d) Cuando se perciban rendimientos [0xed]ntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.

3. Estarán obligados a declarar en todo caso los contribuyentes que tengan derecho a deducción por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. (…)”.

Asimismo, segÚn la disposición transitoria decimoctava de la LIRPF, los contribuyentes que por aplicación de lo establecido en esta disposición transitoria ejerciten el derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual estarán obligados, en todo caso, a presentar declaración.

En el ámbito referido Únicamente a los rendimientos del trabajo (pensiones), dicho art[0xed]culo 96 LIRPF exime de la obligación de declarar a los contribuyentes cuyos rendimientos no excedan de 22.000 euros anuales. No obstante, dicho l[0xed]mite se sustituye por el de 11.200 euros anuales en determinados supuestos, como son:

a) Cuando procedan de más de un pagador. No obstante, el l[0xed]mite será de 22.000 euros anuales en los siguientes supuestos:

1.º Si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuant[0xed]a, no supera en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.

2.º Cuando se trate de contribuyentes cuyos Únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el art[0xed]culo 17.2.a) de esta Ley y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial que reglamentariamente se establezca.

b) Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las previstas en el art[0xed]culo 7 de esta Ley.

c) Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no está obligado a retener de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.

En el caso planteado, suponiendo que la pensión procedente del extranjero (en este caso Francia) constituye la Única fuente de rendimientos del trabajo del contribuyente, en la medida en que el pagador de la pensión no está obligado a retener a cuenta del IRPF, el l[0xed]mite de la obligación de declarar relativo a los rendimientos del trabajo será de 11.200 euros.

En el caso de que el contribuyente presentara declaración de IRPF en su d[0xed]a porque sólo cobraba una pensión de jubilación en España y pensaba que no estaba obligado, si la suma de la pensión española y la francesa supera los 11.200 euros, s[0xed] que existe dicha obligación.

Atención. Si el pagador de la pensión extranjera no está obligado a practicar retención sobre el IRPF, no se aplica el l[0xed]mite general de los 22.000 euros que determina la obligación de declarar. As[0xed], si la suma de ambas pensiones está entre 11.200 y 22.000 euros, tambián existirá obligación de declarar, aunque la pensión extranjera sea inferior a 1.500 euros.

Hasta el 30 de junio de 2015. Regularización de deudas tributarias correspondientes a pensiones procedentes del extranjero y condonación de las sanciones, recargos e intereses

Una vez hayamos revisado los aspectos que hemos comentado en los puntos anteriores, podemos proceder a revisar las declaraciones abiertas a comprobación no prescritas (4 años) y preparar las complementarias que corresponda a efectos de regularizar la situación del contribuyente pensionista con Hacienda.

De acuerdo con la disposición adicional Única del Proyecto de reforma de la LIRPF, podemos distinguir las siguientes situaciones:

A. Contribuyentes que no hubieran declarado pensiones percibidas del extranjero que deber[0xed]an haber declarado

Pueden presentar declaraciones complementarias sin recargos, intereses de demora ni sanciones. Deben hacerlo en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta LIRPF (a partir del 01-01-15), es decir hasta el 30-06-2015.

B. Contribuyentes que presentaron fuera de plazo declaraciones regularizando pensiones percibidas del extranjero antes de la entrada en vigor de esta disposición: 01-01-2015

Se le condonarán los recargos, intereses y sanciones derivadas de las mismas

C. Contribuyentes con liquidaciones administrativas que no hayan adquirido firmeza por pensiones percibidas del extranjero antes de la entrada en vigor de esta disposición: 01-01-2015

Se les condonarán los intereses de demora, las sanciones que les hubieran sido impuestas y, en su caso, el recargo de apremio. Si en la liquidación se regularizaron otras rentas, la condonación será proporcional a las pensiones del extranjero, salvo que el contribuyente se encuentre obligado a declarar por la inclusión de estas, en cuyo caso la condonación será total.

D. Contribuyentes con liquidaciones administrativas firmes por pensiones percibidas del extranjero antes de la entrada en vigor de esta disposición

Se les condonarán los intereses de demora, las sanciones que les hubieran sido impuestas y, en su caso, el recargo de apremio.

Para ello, los obligados tributarios deberán solicitar la condonación en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta disposición, desde el 01-01-15.

Al igual que en el caso anterior, la condonación será proporcional a las pensiones del extranjero, salvo que el contribuyente se encuentre obligado a declarar por la inclusión de estas, en cuyo caso la condonación será total.

De acuerdo con el Proyecto de Ley de reforma del IRPF, se establece la posibilidad de regularizar la situación tributaria sin exigencia de recargos, intereses ni sanciones, mediante la presentación de autoliquidaciones complementarias, a los contribuyentes del IRPF que hubieran percibido pensiones procedentes del exterior sujetas a tributación por dicho impuesto y no hubieran declarado tales rendimientos en los per[0xed]odos impositivos cuyo plazo de declaración en periodo voluntario hubiera concluido a la fecha de entrada en vigor de esta norma. Es decir, los pensionistas que no hayan declarado sus pensiones podrán presentar complementarias de IRPF de los ejercicios no prescritos (es decir, de los años 2010, 2011, 2012 y 2013) entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015. En caso de que Hacienda ya haya comprobado alguna de las declaraciones de IRPF presentadas por el pensionista y le haya liquidado por no declarar estas pensiones, el afectado tambián tendrá hasta el próximo 30 de junio de 2015 para solicitar que le devuelva los intereses, sanciones y recargos satisfechos. Y en caso de que hubiese presentado declaraciones complementarias antes de 2015 y hubiese declarado dichas rentas de forma voluntaria, tambián tendrá hasta dicha fecha para reclamar los recargos e intereses satisfechos.

Mercantil, civil y administrativo

Extrav[0xed]o de cheques bancarios

En estos casos habrá que comunicar rápidamente dichas circunstancias a la entidad librada (Banco), y el tenedor despose[0xed]do podrá acudir ante el juez para evitar que se pague a tercera persona, para que se anule el cheque y para que se le reconozca como su titular.

Extrav[0xed]o

Un cliente que ha perdido dos cheques bancarios. El banco le indica que para anularlos necesitan que un juez les ordene su anulación.

¿Quá procedimiento y quá normativa se aplica en este caso?

Cheques nominativos y al portador

En el caso de los cheques nominativos o a la orden en el caso de extrav[0xed]o o párdida, no hay tanto problema ya que la Única persona que lo puede cobrar es aquel que figura en el mismo cheque como beneficiario. Esto es as[0xed] siempre a no ser que se “endose” a otra persona, con su firma y nombre completo, domicilio, teláfono, identificación de la persona a quien se endose, etc.

Otra cuestión es cuando el cheque es al portador, ya que si alguien se lo encuentra puede proceder al cobro del mismo, al permitirse que lo cobre la persona que en ese momento lo tiene en su posesión.

Por ello es importante en caso de extrav[0xed]o o robo:

- Llamar lo más rápido posible al Servicio de Atención al Cliente del banco para advertir con carácter inmediato del robo o extrav[0xed]o del cheque correspondiente.

- Comunicar con la mayor urgencia posible y por escrito al banco que se ha extraviado el cheque para que impidan su cobro durante al menos 10 d[0xed]as.

- Acudir a denunciar el extrav[0xed]o o robo a una comisar[0xed]a y poner la correspondiente denuncia en el Juzgado.

- El librador o tenedor de un cheque puede cruzarlo por medio de dos barras paralelas sobre el anverso, lo que impide que este cheque sea cobrado por personas que no sean clientes del banco en el que está depositado.

- Aunque las entidades no suelen hacerlo, hay una obligación por parte del banco, mediante la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, de exigir la documentación tambián a aquellos que quieren cobrar un cheque al portador.

- Tambián es recomendable realizar una comunicación previa al que expide el cheque cuando se sobrepasa una determinada cantidad, antes de su cobro. Y en el mismo sentido, obligatoriedad por parte del que quiere cobrar el cheque de avisar con antelación suficiente en los casos de nominales muy elevados para que la entidad está preparada.

Denuncia ante el Juez competente

SegÚn el Art[0xed]culo 154 de la Ley 19/1985 Cambiaria y del Cheque (LCCH): “En los casos de extrav[0xed]o, sustracción o destrucción de de un cheque, el tenedor despose[0xed]do de la misma podrá acudir ante el Juez para impedir que se pague a tercera persona, para que aquál sea amortizado y para que se reconozca su titularidad.

El tenedor despose[0xed]do podrá realizar todos los actos tendentes a la conservación de su derecho. Podrá incluso exigir el pago del cheque, prestando la caución que fije el Juez, o la consignación judicial del importe de aquál”.

De acuerdo con el art[0xed]culo 155 LCCH, será de aplicación al cheque lo dispuesto en los art[0xed]culos 85, 86 y 87 para la letra de cambio. La referencia que el Último párrafo del art[0xed]culo 87 hace al art[0xed]culo 19 se entenderá hecha al 127.

Este expediente se inicia por denuncia del tenedor de la letra, pagará o cheque y se tramita conforme a los arts. 84 y siguientes de la LCCH (a los que se remiten los arts. 96  -para los pagarás- y 155  -para los cheques-).

Será competente el Juez de la localidad fijada en la letra (el cheque, el pagará) para su pago.

El expediente se inicia con un escrito de denuncia con el siguiente contenido:

- Requisitos esenciales del cheque del art. 106 de la LCCH

- Circunstancias en que vino a ser tenedor y las que acompañaron a la desposesión.

- Debe acompañar los elementos de prueba de que disponga y proponer aquellos otros medios de prueba que puedan servir para fundamentar la denuncia.

Admitida la denuncia, el Secretario Judicial da traslado de la misma al librado (el banco en caso del cheque), ordenándole que, si fuera presentado al cobro, retenga el pago y ponga las circunstancias de la presentación en conocimiento del Juzgado. El Banco puede formular ante el Juez dentro de los 10 d[0xed]as siguientes las alegaciones que estimen oportunas.

El Juez, hechas las averiguaciones que estime oportunas sobre la veracidad de los hechos y sobre el derecho del denunciante dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, ordena inmediatamente que la denuncia se publique en el «Bolet[0xed]n Oficial del Estado», fijando un plazo de un mes, a contar desde la fecha de la publicación para que el tenedor del t[0xed]tulo pueda comparecer y formular oposición. No obstante, si de las averiguaciones practicadas o de las alegaciones de los interesados resulta manifiestamente infundada la denuncia, puede el Juez sobreseer el procedimiento sin publicarla, dejando sin efecto lo ordenado al librado.

Si dentro del plazo de un mes se presentare un tercero aportando el cheque, y oponiándose a la denuncia, se dará traslado de la oposición al denunciante y al librado y, previa audiencia del Ministerio Fiscal, el Juez resolverá, mediante el procedimiento previsto para incidentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Transcurrido un mes desde la publicación de la denuncia sin que nadie la contradiga o al desestimar la oposición, el Juez dicta sentencia en la que declarará la amortización del t[0xed]tulo.

Declarada judicialmente la amortización del cheque, áste no tendrá ninguna eficacia, y el denunciante cuyo derecho hubiere sido reconocido podrá exigir el pago de su crádito en la fecha del vencimiento del cheque, retirar la caución prestada si el pago ya hubiere tenido lugar o exigir la expedición de un duplicado del cheque amortizado.

Se trata de un expediente de jurisdicción voluntaria, denunciando la desposesión de un cheque y solicitando se dicte sentencia declarando la amortización del referido t[0xed]tulo. Se tramita conforme a lo establecido en los art[0xed]culos 84 a 87 de la Ley Cambiaria y del Cheque, por remisión del art[0xed]culo 155 de dicha Ley.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

Hacienda reduce los para[0xed]sos fiscales, a travás de los convenios que ha venido firmando Últimamente de Doble Imposición. En los Últimos años, España ha sacado de la lista de para[0xed]sos fiscales a 15 pa[0xed]ses, de una lista de 48 que data de 1991. Estos son los datos que se recogen en el Último informe de la Dirección General de Tributos que aclara una cuestión que genera dudas entre empresas e inversores a la hora de aplicarse determinadas deducciones fiscales.

Hacienda actualiza la lista de 48 para[0xed]sos que establece un Decreto de 1991 ante la firma de Convenios para Evitar la Doble Imposición y acuerdos que han suscrito los 15 territorios que han perdido la consideración de para[0xed]so: se trata de Andorra, Antillas Neerlandesas, Aruba, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Hong-Kong, Bahamas, Barbados, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Panamá, San Marino y Singapur. Siguen en la lista territorios como Gibraltar o Liechtenstein.

El informe tambián recoge el nuevo marco relativo a los para[0xed]sos de cara a las novedades que entraña la reforma fiscal. Ya no bastará con firmar un Convenio para Evitar la Doble Imposición o un acuerdo, sino que tambián deberá existir un efectivo intercambio de información tributaria.

El objetivo de dáficit pÚblico, la diferencia entre gastos e ingresos, del 5,5% para 2014 de España está más cerca de conseguir, si bien, aÚn tendrá que esperar a próximos resultados. Lo que s[0xed] está claro es que en noviembre el dáficit de las administraciones ascendió a 49.896 millones de euros, el 4,62% del PIB, que allana el camino para que España cumpla con el objetivo de dáficit fijado por Bruselas para 2014, en el 5,5% del PIB.

SegÚn Hacienda, a finales de marzo se conocerá el dato de cierre del conjunto de Administraciones PÚblicas. "Estas cifras excluyen las ayudas financieras contabilizadas hasta finales de noviembre, que no se computan a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad, y ascendieron a 767 millones, un 0,07% del PIB”, explicó Hacienda en una nota.

No obstante, las cifras de noviembre del dáficit revelan que nueve comunidades incumplirán el objetivo de dáficit regional fijado para 2014, en el 1% del PIB. En noviembre, Andaluc[0xed]a (1,73%), Aragón (1,41%), Baleares (1,21%), Castilla-La Mancha (1,40%), Cataluña (1,95%), Extremadura (2,45%), Madrid (1,25%), Murcia (2,54%), y Comunidad Valenciana (1,87%) superaron con creces el l[0xed]mite anual. Con estos registros, el agujero presupuestario del conjunto de las comunidades ascendió a finales de noviembre al 1,37% del PIB, lejos del 1% que ten[0xed]a como meta.

Por ello, el Gobierno de Mariano Rajoy asume que las administraciones regionales incumplirán el objetivo pero han reservado un buen colchón por parte del Estado para absorber esta desviación.

España es el primer pa[0xed]s de la UE que permitirá inyectar 4.000 millones de euros en las pymes. Esta es una iniciativa de 2013 impulsada por el Ejecutivo comunitario y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para que el crádito fluyera a las pymes, ante la crisis de prástamos de los bancos. La Comisión Europea espera ahora que el resto de pa[0xed]ses siga el ejemplo español para aumentar as[0xed] el impacto del plan de inversión lanzado por el presidente Jean-Claude Juncker, que pretende movilizar otros 315.000 millones.

Han sido las comunidades autónomas españolas las que han aceptado redirigir un total de 800 millones de euros de fondos estructurales que ya ten[0xed]an asignados para el periodo 2014-2020 a esta Iniciativa PYME. Este dinero, en lugar de concederse como subvención, se utilizará como garant[0xed]a para asumir primeras párdidas en los proyectos que financie el BEI. Ello permitirá un mayor apalancamiento que si los fondos se dieran como ayudas directas y movilizará 3.200 millones adicionales para las pymes españolas y, en función de la aceptación por parte del mercado, de hasta 4.000 millones de euros.

Hacienda ha logrado que las comunidades se hayan implicado “de manera decidida”, a excepción Navarra y Asturias. La Administración General del Estado aportará a travás de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de 134,2 millones, que se han regionalizado entre las comunidades participantes. “Las pymes de Madrid, Barcelona o Bilbao tendrán un acceso más fácil a crádito más barato para apoyarse a medida que invierten y crecen. Esto es una buena noticia para la econom[0xed]a española, para la econom[0xed]a europea y para la creación de empleo”, explicó tras la firma del convenio el vicepresidente de la Comisión para el Crecimiento y el Empleo, Jyrki Katainen.

Por primera vez desde que España entró en la UE en 1986, los ingresos que se reciben de Bruselas son menores que las aportaciones españolas. Las arcas españolas empiezan a aportar a las europeas más de lo que reciben. SegÚn los datos publicados por el Tesoro arrojan un balance negativo para España de nada menos que 1.600 millones de euros en 2014, la diferencia entre los 10.540 millones de ingreso y los 12.156 millones en pagos contabilizados.

Atrás quedan los años en que España recib[0xed]a una lluvia de millones para converger con sus vecinos europeos: un saldo positivo de 84.313 millones en las primeras dos dácadas tras la adhesión y otros 10.200 entre 2007 y 2013. Este resultado negativo ser[0xed]a una magn[0xed]fica noticia si se debiera a que las aportaciones a la UE hubiesen crecido por el mayor consumo, incremento del IVA recaudado, y por la mayor renta nacional, pero en realidad el pasado año solo está cuatro millones por encima de lo que se aportó a la UE en 2007, antes del estallido de la crisis. La clave está en que se han recibido bastantes menos fondos comunitarios.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, señala que este balance negativo “se ha producido, fundamentalmente, debido al incremento en las aportaciones por el abono el 1 de diciembre de 2014 de 589 millones de euros netos” por la actualización de los cálculos de la Renta Nacional Bruta. “Esta aportación se recuperar[0xed]a una vez se aprobara el presupuesto rectificativo al que Gran Bretaña se opuso a finales de año pasado”, porque tendr[0xed]a que abonar 2.000 millones adicionales con el nuevo cálculos. “Por esa razón, el impacto en nuestro saldo ha sido negativo”, explica Hacienda en un correo electrónico.

El per[0xed]odo medio de pago (PMP) de las Comunidades Autónomas en noviembre se sitÚa en 58,15 d[0xed]as, a los que hay que unir los 30 d[0xed]as de registrarse una factura, lo que significa que, en realidad, las autonom[0xed]as pagan a sus proveedores a 88 d[0xed]as. De esta forma, salvo Pa[0xed]s Vasco y Navarra, el resto de comunidades incumplen la legislación vigente.

El Ministerio de Hacienda señaló en un comunicado que el per[0xed]odo medio de pago de noviembre aumentó en 6,14 d[0xed]as es registrado el año anterior. Los peores resultados se registran en la Comunidad Valenciana, cuyo per[0xed]odo medio de pago asciende a 92,47 d[0xed]as, es decir, abona su deuda comercial a 122,47 d[0xed]as. Aragón, Extremadura o Baleares tambián pagan con mucho retraso, por encima de los 110 d[0xed]as.

En cambio, Navarra y Pa[0xed]s Vasco cuentan con un [0xed]ndice PMP negativo. Esto es as[0xed] porque pagan antes de los primeros 30 d[0xed]as desde que se registra la factura. Además de las comunidades forales, tambián Asturias, Canarias, Cantabria y Galicia cumplen mantienen un per[0xed]odo medio de pago inferior a los 30 d[0xed]as. El resto lo incumple.

Laboral

La crisis ha logrado reducir el volumen de horas perdidas por incapacidad temporal, aunque más en el sector privado que en el pÚblico. SegÚn la encuesta de costes laborales que elabora trimestralmente el INE, los empleados de la Administración PÚblica no trabajaron un promedio de 5,16 horas al mes por IT en el tercer trimestre de 2014, cuando en idántico periodo de 2008 eran 6,29 horas. Esta reducción del 17,9% se eleva a una media del 28,3% en el sector privado.

En 2012 entró en vigor el nuevo rágimen retributivo para los empleados del sector pÚblico cuando causaran baja por incapacidad temporal (IT), pasando de cobrar el 100% de su salario desde el primer d[0xed]a de la incapacidad, al 60% o 75%, exceptuando que el convenio colectivo correspondiente establezca que se complemente ese porcentaje hasta el 100%.

La crisis y estas nuevas medidas ha hecho que funcionarios y empleados pÚblicos que causen baja por contingencias comunes ven reducido su salario los tres primeros d[0xed]as de incapacidad un 50%, si la baja se prolonga de cuatro a 20 d[0xed]as, pasan a percibir el 75% y solo si se trata de una dolencia más grave, que provoca una baja de más de 21 d[0xed]as, es cuando cobran el 100% de su sueldo.

La patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT volvieron a reunirse sin llegar a ningÚn acuerdo de cara a rubricar el pacto salarial para este 2015, que se incorporará en el próximo Acuerdo de Negociación Colectiva 2015-2016. Por un lado, la patronal no quiere que la subida salarial sobrepase el 1 por ciento, mientras que los sindicatos exigen aumentos cercanos al 1,3 por ciento.

Las posturas siguen encontradas ya que las empresas insisten en que se garanticen subidas salariales de entre el 0,6% y 0,8% este año, si la econom[0xed]a crece entre un 2% y un 2,5%. Lo que si están dispuestos es a no llegar por encima del 1%, ya que esto ser[0xed]a subirlas el doble de lo que crecieron los sueldos en 2014,  y lo justifican aduciendo que en 2015 no se prevá que la econom[0xed]a crezca el doble que el pasado ejercicio.

Sin embargo, los sindicatos manejan otros cálculos. Los responsables de CC OO y UGT estiman que los trabajadores, en cualquier caso deben ganar poder adquisitivo. Y para ello creen que la recomendación salarial debe partir de las previsiones de inflación de los Presupuestos Generales del Estado (0,6%) y sumar las del aumento previsto de la productividad (0,7%). De esta forma, “habr[0xed]a que partir como m[0xed]nimo de alzas salariales del 1,3%”, siempre y cuando la econom[0xed]a crezca en los parámetros previstos por el Gobierno, indican fuentes sindicales.

Cae el gasto de las bajas laborales un 35%

(Cinco D[0xed]as, 27-01-2015)

Los gastos originados por bajas laborales han descendido en el Último un 35%. Sin duda, la crisis ha ayudado a que muchos trabajadores –pÚblicos y privados- no se hayan tomado a la ligera los procesos de incapacidad temporal. Con la aprobación de la Ley de Mutuas, el Gobierno quiere reducir el gasto en bajas temporales. Las cifras publicadas por la Seguridad Social ponen de manifiesto que el pago de prestaciones por IT a los trabajadores es una de las partidas más abultadas de su presupuesto. Empleo estima que en 2014 el sistema desembolsó por este concepto un total de 4.878,37 millones de euros, un 2,72% menos que un año antes.

El descenso es mucho más significativo si se compara con 2008, el año en el que se alcanzó el máximo de la serie histórica, que arranca en 1990, con un total de 7.533,87 millones. Si se comparan ambas cifras, el desplome alcanza el 35,2%. No en vano, en los Últimos seis años el gasto en IT se ha ido reduciendo ejercicio tras ejercicio a un ritmo del 6,9% anual, aunque en 2012, coincidiendo con los cambios normativos aprobados por el Ejecutivo para el sector pÚblico, el retroceso fue del 14,11% anual.

Los funcionarios y empleados pÚblicos que causen baja por contingencias comunes verán reducido su salario los tres primeros d[0xed]as de incapacidad un 50%, si la baja se prolonga de cuatro a 20 d[0xed]as, pasan a percibir el 75% de sus retribuciones y si se trata de una dolencia más grave, lo que provoca una baja de más de 21 d[0xed]as, solo en ese supuesto es cuando cobran el 100% de su sueldo; tal y como ocurr[0xed]a antes de la reforma en todos los casos y desde el primer d[0xed]a de la baja.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, sacó pecho de los Últimos datos de la EPA del 2014 y durante la convención del Partido Popular animó a los simpatizantes del partido a propugnar el cambio “laboral” del Gobierno. La ministra señaló que se ha pasado de la “España roja del miedo, la incertidumbre y el paro, por la España azul del PP, de la confianza, la estabilidad y el empleo”.

Báñez tambián defendió “reforma laboral que ha revolucionado los cimientos del mercado de trabajo y que ha demostrado que estaba diseñada para la creación de empleo, as[0xed] como la reforma de las Administraciones, que ha permitido quitar la grasa para dedicarla a la econom[0xed]a productiva”. La ministra ha animado a sus compañeros de partido a salir “a la calle” para contar a los ciudadanos todo lo hecho en estos tres años porque -reconoce- quizá uno de los “errores” que se ha cometido en esta legislatura es que no se han explicado bien las cosas.

La titular de Empleo aseguró que el PP no quiere ganar las elecciones para “mandar” sino para cambiar las cosas, como ha demostrado, a su juicio desde los comicios generales de 2011. “Desde todos los rincones de España, a trabajar, a trabajar, a trabajar y a ganar para cambiar”, ha proclamado. La España de 2015 -ha subrayado- no tiene nada que ver con la de 2011, cuando España era un problema para la UE y estaba al borde del rescate. Ha recordado que en 2011 se destru[0xed]an 2.000 empleos diarios, y ahora se crean 1.700 puestos de trabajo al d[0xed]a, o que entonces se bajaron las pensiones y ahora se han subido y “seguirán subiendo”.

La econom[0xed]a española cerró 2014 con un aumento de 433.900 ocupados, de los que 280.300 se concentran entre los de mayor edad. La tasa de paro se mantiene en el 23,7%. El mercado laboral comenzó a recuperarse en 2014. El balance de 12 meses arroja un saldo positivo. Baja el paro, con 477.900 desocupados menos en un año. Sube el empleo, con 433.900 puestos de trabajo más, segÚn la encuesta de población activa (EPA) del cuarto trimestre del año pasado. Tanto en un caso como en otro son los mejores guarismos de la crisis. Y, sobre todo, en el lado del empleo hay un colectivo claro que sale beneficiado: los mayores de 50 años, 280.300 trabajadores de este grupo de edad hallaron una ocupación en los Últimos 12 meses.

En 2007 la econom[0xed]a española creaba empleo a un ritmo del 2,5%. Pero al año siguiente estalló la crisis financiera y económica en todo el mundo, que ha azotado con especial intensidad a España y sobre todo a su mercado laboral. Por ello, la econom[0xed]a española comenzó a encadenar, uno tras otro, ejercicios con destrucción de empleo, hasta llevarse por delante 3,75 millones de empleos hasta finales de 2013. Pero en 2014 se produjo finalmente un punto de inflexión y la tendencia de destrucción de puestos de trabajo se invirtió tras seis años completos en negativo.

As[0xed] lo indican los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que hizo pÚblicos el Instituto Nacional de Estad[0xed]stica (INE). SegÚn estas cifras, que fueron ampliamente celebradas por los miembros del Gobierno, el nÚmero de ocupados en España ascendió a 17.569.100 personas, tras aumentar en 433.900 el pasado año. Al tiempo, el nÚmero de parados descendió en 477.900, dejando el total de desempleados en 5,4 millones y la tasa de paro en el 23,7%, lo que supone un descenso de 2,3 puntos respecto a la tasa con la que cerró 2013.

Mercantil, civil y administrativo

El Banco Central Europeo (BCE) comprará 100.000 millones de euros de deuda pÚblica española hasta 2016 dentro de su programa QE, segÚn las estimaciones preliminares del Banco de España. El gobernador del organismo, Luis Mar[0xed]a Linde, avanzó este dato y precisó que el tamaño de este programa es "ambicioso", ya que alcanza los 60.000 millones de euros cada mes hasta 2016.

“Las compras se iniciarán en el mes de marzo y, en principio, se contempla que se mantengan hasta septiembre del año que viene, si bien el consejo del BCE se reserva la opción de prorrogarlas si la trayectoria de inflación no fuera consistente con el objetivo de situarla a medio plazo en una tasa cercana al 2%", señaló Linde.

Linde tambián ha hecho hincapiá en que el programa requiere que los t[0xed]tulos pÚblicos tengan, al menos, grado de inversión o que, en caso de no tenerlo, sus emisores están sujetos a un programa de asistencia por parte de las autoridades europeas y el FMI. "Son condiciones similares a las que se aplican en los requerimientos sobre el colateral elegible en las operaciones de pol[0xed]tica monetaria y a las contempladas, en agosto de 2012, en el anuncio del programa de compras de bonos soberanos conocido como Outright Monetary Transactions (OMT, segÚn sus siglas en inglás)"

Pese a la victoria de Syriza, España disfruta en los mercados de un coste de financiación extremadamente bajo. El Tesoro ha colocado 2.600 millones pagando el tipo m[0xed]nimo de la historia, tras recibir una demanda de más de 7.600 millones. Por primera vez el Tesoro PÚblico emitió deuda prácticamente gratis, algo que jamás hab[0xed]a pasado en la historia y que sólo estaba al alcance de Alemania o Suiza.

En concreto, el Tesoro colocó letras a tres meses por valor de 561,3 millones de euros con un interás medio efectivo del 0,018%. Los t[0xed]tulos de corto plazo han llegado a tocar intereses incluso negativos en el mercado secundario, donde los inversores compran y venden t[0xed]tulos ya emitidos en su d[0xed]a por el Tesoro, pero esta es la subasta directa con los intereses más bajos registrados.

La de este martes fue la primera colocación de t[0xed]tulos llevada a cabo en España tras la aprobación del gran plan de compra de deuda pÚblica y privada por parte del Banco Central Europeo (BCE), el pasado jueves, y los inversores se lanzaron en masa con la previsión de que este papel valdrá más en unos meses. En total, el Tesoro colocó 2.561 millones de euros en tres a tres y nueve meses, pero la demanda por estos activos fue el triple: 7.611 millones.

Los ministros de Econom[0xed]a y Finanzas de la UE abordarán hoy la configuración del futuro fondo del plan de inversiones de 315.000 millones de euros apadrinado por Jean-Claude Juncker y las nuevas directrices de la Comisión Europea (CE) para la aplicación flexible de las reglas de ajuste en ciertos casos para reformas e inversiones pÚblicas.

Asimismo, adoptarán sin debate una enmienda ya acordada con anterioridad en diciembre de la directiva matriz-subsidiarias para evitar que las multinacionales eludan los impuestos, entre otros asuntos. En cuanto a la flexibilidad, la CE tendrá en cuenta el impacto fiscal positivo de las reformas estructurales y aplicará esta pol[0xed]tica, con diferentes grados, a los pa[0xed]ses que no están en el procedimiento por dáficit o deuda excesiva (respetan los l[0xed]mites del 3 % y del 60 % del PIB, respectivamente) y a los que, como España, figuran en el brazo correctivo al superar esos topes.

La CE analizará el plan de reformas antes de permitir un desv[0xed]o temporal, pero las derivas no deben superar el 0,5 % del PIB. Cuando la CE abra un procedimiento por dáficit excesivo, puede dar más tiempo para la corrección del mismo siempre y cuando exista un plan especial de reformas especificadas.

Por primera vez en la historia de la democracia moderna en Grecia, un partido hasta hace poco alternativo y minoritario se alza con la victoria electoral en un pa[0xed]s castigado por la pol[0xed]tica de la Europa más conservadora impulsada por Angela Merkel. El triunfo de Syriza pone fin a 40 años de alternancia en el poder entre los conservadores de Nueva Democracia (ND), que ayer quedó segundo, y los socialistas del Pasok, relegados a una sexta plaza casi residual. La llegada al poder de Alexis Tsipras, el l[0xed]der de Syriza, supone tambián una sacudida sin precedentes para la zona euro. Por primera vez desde el comienzo de la crisis, uno de los pa[0xed]ses rescatados otorga la mayor[0xed]a a una formación que ha basado su campaña electoral en el desaf[0xed]o a las recetas dictadas por Berl[0xed]n e impuestas por la troika (Comisión Europea, BCE y FMI).

Syriza obtendr[0xed]a el 36,4% de los votos y 149 escaños, a solo dos de la mayor[0xed]a absoluta. Los conservadores de Nueva Democracia, del primer ministro Antonis Samarás, obtuvieron un 27,8% de los votos, lo que supone 77 escaños. El tercer lugar lo ocupar[0xed]an los neonazis de Amanecer Dorado, con un 6,3% de los sufragios y 17 escaños. Le siguen muy de cerca los centristas del nuevo partido de centro To Potami (El R[0xed]o), con un 6% de los votos y 17 escaños. A continuación se situar[0xed]an los comunistas del KKE, con el 5,5% y 15 escaños, y el hasta ahora cogubernamental Pasok (socialdemócratas), del viceprimer ministro Evángelos Venizelos, con un 4,7% de los votos, que se traduce en 13 escaños. En la cola de partidos quedan los Griegos Independientes, derecha nacionalista, con un 4,7% y 13 escaños.

Con estos resultados, Alexis Tsipras será el nuevo primer ministro, pues solo precisar[0xed]a del apoyo externo de dos escaños para disponer de mayor[0xed]a absoluta y que podr[0xed]a obtener del nuevo partido de centro-izquierda To Potami (16 asientos). Tsipras afirmó que “ha ganado la Europa que rechaza la austeridad”, y plantea a Europa una negociación para “buscar una solución justa para que Grecia abandone el c[0xed]rculo vicioso del endeudamiento”. Ni una sola alusión a abandonar el euro y a no pagar la deuda hizo Tsipras, aunque s[0xed] aseveró que “el decreto de la austeridad y la troika son cosas del pasado”. Aseguró que “el pueblo le ha dado un mandato claro, que supone que Grecia cambia de rumbo y deja la austeridad tras cinco años de humillación”.

El que será nuevo primer ministro reconoció ser “consciente de que el pueblo no me da un cheque en blanco, sino un mandato para reorganizar el pa[0xed]s”. As[0xed], tendió la mano a los que no le han votado y afirmó que en estas elecciones no hay “ni vencedores ni vencidos” y que formará un Gobierno “para todos los griegos”. “Hoy perdió la Grecia de los oligarcas y de los corruptos”, dijo Tsipras, quien aseguró que “ganó la Grecia del trabajo, del esfuerzo, del conocimiento y de la cultura”.

Mario Draghi, presidente del BCE, fue el gran protagonista del d[0xed]a de ayer. El mandatario italiano puso todas sus armas sobre la mesa para reactivar la econom[0xed]a europea y evitar los riesgos de la deflación. En una decisión histórica, el BCE sorprendió a todo el mundo con un plan de est[0xed]mulo mayor de lo previsto inicialmente y que supondrá la compra de deuda por valor de 60.000 millones de euros mensuales hasta septiembre de 2016.

Esta medida, que no cuenta con el respaldo de Alemania y del Gobierno de Angela Merkel, sumará más de un billón de euros, pero aÚn podr[0xed]a crecer más, ya que el Quantitative Easing (QE) se mantendrá hasta que la inflación se acerque al objetivo del BCE, el 2%. El Banco Central Europeo decidió que el 20% de los riesgos se mutualice, mientras que el 80% restante corresponda a los bancos centrales de cada pa[0xed]s.

Se trata de la medida más contundente lanzada por el organismo y su presidente, Mario Draghi, la justificó ayer por el "persistente" nivel m[0xed]nimo de la inflación que se extiende por la región. No hay que olvidar que en el mes de diciembre 12 de los 19 pa[0xed]ses que comparten la moneda Única registraron una inflación negativa.

Los pa[0xed]ses con los [0xed]ndices de precios más bajos a cierre de 2014 fueron: Grecia (-2,5%), España (-1,1%), Chipre (-1%) y Luxemburgo (-0,9%). A estos les siguieron de cerca y tambián en el terreno negativo: Bálgica (-0,4%), Irlanda (-0,3%), Portugal (-0,3%), Italia (-0,1%), Lituania (-0,1%), Pa[0xed]ses Bajos (-0,1%), Eslovenia (-0,1%) y Eslovaquia (-0,1%). Además, los siete pa[0xed]ses que consiguieron acabar con el [0xed]ndice en positivo lo hicieron con tasas muy bajas (todas por debajo del 1%).

Sector

Libre circulación de sentencias

(Expansión, 29-01-2015)

Ya está en vigor el Reglamento que permite el reconocimiento y ejecución directa de sentencias en materia civil y mercantil de la UE y que ahorrará tiempo y dinero a empresas y consumidores. La libre circulación tambián llega a la Justicia. Desde el 10 de enero está en funcionamiento el Reglamento sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales.

La Comisión Europea calcula que esta libre circulación de sentencias supone un ahorro de 48 millones de euros al año a los órganos judiciales de la UE y entre 2.000 y 12.000 euros por caso. Hoy d[0xed]a se abren 10.000 procedimientos al año para pedir el reconocimiento de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en Europa.

No obstante, no se aplicará en arbitrajes ni a ninguna cuestión incidental relacionada con ástos, pero deja sin embargo abierta la cuestión de si aplica medidas cautelares en apoyo de procesos arbitrales. Tampoco se aplicará a procesos fiscales, aduaneros ni administrativos. Tambián se excluyen reg[0xed]menes matrimoniales, Seguridad Social y testamentos y sucesiones.

El Notariado ha lanzado una página web para informar a los ciudadanos sobre cláusulas abusivas, en la que los ciudadanos podrán consultar cuáles han sido declaradas como tales por ley o por sentencia judicial y la lista de resoluciones dictadas por los tribunales o la Dirección General de Tributos y del Notariado (DGRN) sobre esta materia. La web aloja tambián una revista digital con art[0xed]culos sobre cuestiones de relevancia y actualidad relativas a la tutela de los consumidores y usuarios.

La nueva página web, puesta en marcha por el Órgano de Control de Cláusulas Abusivas (OCCA) del Consejo General del Notariado, dispone tambián de un enlace directo con el Registro de Condiciones Generales, a fin de facilitar el acceso y consulta del mismo por los particulares. Asimismo, incluye información espec[0xed]fica sobre los medios al alcance de los notarios para proteger jur[0xed]dicamente los derechos de los consumidores y sobre los servicios notariales Útiles para este fin.

La página presta especial atención al tratamiento de la información sobre la legislación de consumo vigente, as[0xed] como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con las cláusulas abusivas. Además, facilita el conocimiento de las sentencias de las Audiencias Provinciales y de los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia sobre la materia, de forma que los consumidores puedan saber antes de la firma de un contrato si contienen cláusulas que estos tribunales consideran abusivas, aunque no haya una decisión firme al respecto.

El Tribunal Constitucional rechazó formalmente, aÚn no está listo el redactado final, el recurso presentado por los dos grandes grupos de la izquierda (PSOE e Izquierda Plural) contra la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. De esta manera, el tribunal avala definitivamente la reforma y descarta que vulnere el papel de las organizaciones sindicales y empresariales, el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva y el derecho al trabajo.

Los miembros del pleno del tribunal se manifestaron en el mismo sentido y de la misma manera que lo hicieron al rechazar el recurso del parlamento navarro, por nueve votos a favor y tres en contra que podr[0xed]an transformarse en votos particulares.  Otro de los puntos en duda era la regulación de los ERE en la Administración, inexistente hasta la aprobación de la reforma, en 2012. Pero la norma solo contempla la posibilidad de que las regulaciones de empleo se hagan a travás de despidos colectivos y no con suspensiones de contrato, algo s[0xed] permitido en el sector privado es la opción que se utiliza de forma abrumadora.

El Último aspecto rechazado por el Constitucional hace referencia a los convenios firmados entre empresarios y sindicatos que no están contemplados en el Estatuto de los Trabajadores, es decir, los que firman los representantes de los trabajadores sin tener más de la mitad de los votos de la plantilla.

Las tasas judiciales tal y como las diseño el anterior Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, podr[0xed]an tener las horas contadas. Rafael Catalá, actual titular de Justicia, ya avanzó que piensa revisar el sistemas, eso s[0xed], sin llegar al extremo de eliminarlas como han pedido desde el sector. La medida desde su implantación ha tenido a todos los profesionales y operadores jur[0xed]dicos en contra.

Dos años despuás de que el Gobierno aprobara la Ley 10/12, de tasas judiciales, las quejas siguen patentes d[0xed]a s[0xed] d[0xed]a tambián. Abogados –con su Consejo General y los 83 colegios a la cabeza–, procuradores, el Poder Judicial, la Defensora del Pueblo, los grupos parlamentarios de la oposición, los sindicatos, catedráticos y jueces, entre otros operadores, han mostrado su rechazo a una norma que segÚn la mayor[0xed]a de los cr[0xed]ticos "podr[0xed]a ser inconstitucional, ya que viola el derecho de los ciudadanos al acceso a la Justicia y a obtener la tutela judicial efectiva consagrada por la Constitución".

Sin embargo, la semana pasada, y despuás de cien d[0xed]as de llegar al cargo, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, admitió que la legislación implantada sobre las tasas es un "elemento de tensión" y que espera poder presentar antes de que termine enero su propuesta de reforma.

El rey Juan Carlos se decantará por un abogado privado y no utilizará a nadie de la Abogac[0xed]a del Estado. Éste será el encargado de defenderle en la demanda de paternidad que admitió la semana pasada el Tribunal Supremo presentada por la ciudadana belga Ingrid Jeanne Sartiau.

Pese a que el pasado mes de septiembre, la Casa del Rey firmó un convenio de colaboración con la Abogac[0xed]a del Estado para que fuera el servicio jur[0xed]dico del Estado no incluye este caso. Sólo incluye casos que tienen que ver con la institución y no asuntos privados, como el que ahora ocupa a don Juan Carlos.



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